América Latina y una tendencia hacia la regulación de la industria alimenticia

América Latina y una tendencia hacia la regulación de la industria alimenticia

Desde hace unos años, América Latina comenzó a trabajar en sus congresos o Ejecutivos en regulaciones en torno a la alimentación saludable. Datos que alarmaron fue el desarrollo de enfermedades no transmisibles, como la obesidad, por lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó a los gobiernos intervenir en la generación de medidas concretas para reducir el azúcar en los alimentos. También la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sugirió en sucesivas publicaciones la creciente incidencia en la obesidad que existe en la región. Su recomendación apunta al fortalecimiento del marco regulatorio sobre la industria, constató AIM.

Así, América Latina asiste hace años a un escenario político tendiente a la regulación de los mercados, que se sostiene sobre dos pilares fundamentales. Por un lado, el contexto político en el que predominan gobiernos de centroizquierda, los cuales ideológicamente se orientan a la regulación de los mercados por parte del Estado. Este contexto se mantiene, a pesar que la derrota del kirchnerismo en Argentina, del chavismo en Venezuela y la delicada situación política en Brasil, tras la destitución de Dilma Roussef relativiza el panorama.

Por otro lado, se encuentran las recomendaciones de organismos internacionales, que recomiendan aumentar la regulación. En 2015, la OPS presentó su informe “Alimentos y bebidas ultraprocesados en América Latina: tendencias, efecto sobre la obesidad e implicaciones para las políticas públicas”. En el texto, la OPS indicó que los alimentos procesados industrialmente, las bebidas azucaradas y la comida rápida están causando efectos negativos en la salud. Ante este diagnóstico, el informe recomienda la regulación de la industria de alimentos, la cual debe abarcar el etiquetado, promoción y publicidad de los alimentos procesados. También se invita a mirar ejemplos en otras áreas, como el tabaco, en la que el aumento de la carga impositiva se tradujo en una disminución del consumo.

Avances en la región
Sin embargo, si bien la tendencia marca un avance en el debate sobre la problemática, no se tradujo en una legislación masiva de regulaciones para el sector.

La ley peruana es sin dudas la más integral de la región: incluye regulación en materia educativa, crea un observatorio, promueve el deporte y regula la publicidad de productos alimenticios. Sin embargo, no se inmiscuye en cuestiones impositivas ni de rotulado.

Define a la alimentación saludable como aquella que es variada, preferentemente en estado natural o con procesamiento mínimo, que aporta energía y todos los nutrientes esenciales para mantenerse sano.

Esta ley sirvió como antecedente regional que fue mirado por otros países para su propio debate: es el caso de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y México.

En ese sentido, Chile fue pionero en la implementación de regulaciones en cuanto a etiquetado de alimentos. En 2012, sancionó la Ley 20.606 –Súper 8-, por la cual se disponía que los alimentos y bebidas exhiban una advertencia (con la forma de un cartel de Pare) con la leyenda “exceso en”, para los casos de sodio, azúcar y grasas.

Esta normativa conllevó una lucha en la administración pasada del ex presidente Piñeyra: por un lado, el área de Salud, que impulsó un Reglamento Sanitario de Alimentos que disponía un cartel en forma de “Pare” y la leyenda “Exceso de”, y el área económica que advertía la inconveniencia que esta disposición tendría para la industria.

El debate trascendió el gobierno de Piñeyra, y se resolvió recién en junio de 2015 (momento en que la ley debía haber entrado en vigencia), cuando la Contraloría resolvió mantener el término original de la ley “alto en” en los nutrientes que correspondan con un nuevo logo que será un octágono negro con las palabras escritas en blanco.

La ley entró en vigencia en junio de 2016. La ministra de Salud, Carmen Castillo, hizo un llamado a las empresas “a no esperar hasta el próximo año para rotular los alimentos”.

La norma preocupa a la industria alimenticia, ya que el nuevo etiquetado afectaría las importaciones y exportaciones de alimentos a otros países con reglas más flexibles; además, temen que demonicen a los alimentos con connotación negativa.

En el mismo sentido, Ecuador sancionó su propia ley en 201, que modifica el Reglamento de Etiquetado de Alimentos, siendo su principal objetivo la obligatoriedad de incorporar en la etiqueta un sistema gráfico de indicación del contenido de azucares, grasa y sal de los alimentos, mediante la implementación de un semáforo. El cálculo de las concentraciones, en este caso, como en el chileno, se hace por cada 100 gramos y no por porción. Así, los alimentos con alto contenido en estos componentes, tendrán una marca roja en sus etiquetas.

Estas dos experiencias sirvieron de antecedentes para suscitar el debate en otros países de la región. En Argentina, por ejemplo, en diciembre de 2015, fue presentado un proyecto por el senador Juan Manuel Abal Medina (FPV), el cual proponía implementar un semáforo para los alimentos. El proyecto señalaba expresamente como antecedente el caso ecuatoriano, disponiendo colores del semáforo para los nutrientes.

El tema de las bebidas azucaradas no es menos polémico, ya que se ubica como una de las causas en el incremento de la obesidad y casos de diabetes, entre otras enfermedades.

México fue tendencia con una la ley sancionada en 2013 en México, por la que se introdujo un impuesto de un peso por litro a todas las bebidas azucaradas y un impuesto al valor de 8% a aquellos productos con más de 275 calorías por cada 100 gramos.

Un año más tarde, en 2014, Chile y Brasil hicieron lo propio: en Brasil, el impuesto se incrementó entre 3 y 6 por ciento en bebidas carbonatadas, mientras que en Chile el aumento fue del orden del 5 por ciento para el caso de bebidas azucaradas.

Recientemente, el ministro de Salud de Colombia, Alejandro Gaviria, habló de un impuesto a las bebidas azucaradas, pero no hubo avances de normas ni en el Poder Ejecutivo ni en el Legislativo.

De ese modo, las regulaciones en torno a la alimentación saludable fue gradual y pudo verse que el debate comenzó a generarse en diferentes parlamentos de la región. Sin embargo, en América Latina, no se sancionaron leyes integrales sobre alimentos, sino que se aprobaron legislaciones respecto a temas más acotados, tales como regímenes impositivos, regulación de la publicidad, accesibilidad de los rotulados o etiquetados, guías alimentarias, entre otros.

Este trabajo parcial está relacionado a un factor clave en el desarrollo de leyes que regulan la industria y es el lobby de las grandes empresas, cada vez más institucionalizado, relacionado fuertemente con muchos sectores políticos. Así y todo, organizaciones sociales y de índole internacional continúan su labor, a la se espera que en los próximos años, los gobiernos prioricen el diseño, la evaluación e la implementación de políticas que apunten a una alimentación más sana para la población.

Fuente: www.aimdigital.com.ar

Martes 3 de enero de 2017.